Una revisión hemerográfica realizada por este diario muestra que de diciembre de 2006 a mayo de 2011 han sido asesinados 615 reos y nueve directores de penales. Especialistas dicen que el ajuste de cuentas entre narcos causó el aumento de crímenes
La mañana del 8 de diciembre de 2006 se gestó el primer motín del sexenio del presidente Felipe Calderón. Era la primera señal de un sistema penitenciario que, en los años por venir, sería devorado por la violencia, el hacinamiento y la corrupción.
Todo comenzó cuando los custodios se preparaban para trasladar a El Padrino, un reo sentenciado a 17 años de prisión por el delito de violación de menores, de la cárcel municipal de Cancún, Quintana Roo, a una prisión estatal. El hecho desató la ira de las huestes de Adelaido Hernández Gallegos, El Padrino, quienes iniciaron una airada protesta a las 7 de la mañana. A ello le siguió una trifulca en la que se vieron envueltos 300 reos. Al filo de las 15:00 horas intervino la policía estatal, pero el daño ya estaba hecho: cuatro muertos por armas de fuego, 21 heridos y 80 prófugos (horas más tarde serían reaprehendidos 63 reos).
El impacto mediático del motín y la guerra de cifras sobre el número de prófugos orillaron al entonces gobernador Félix González Canto a justificar la debilidad de la seguridad en la cárcel municipal. Atribuyó el disturbio al hacinamiento, pues el penal fue construido para 320 reos y albergaba a más de mil; insistió en la urgencia de reubicar a los sentenciados de alta peligrosidad y a los que purgan condenas por delitos del fuero federal.
Los cuatro muertos de la cárcel municipal de Cancún fueron el presagio de una ola incontenible de violencia que cubriría a los penales del país en los siguientes años. Una revisión hemerográfica realizada por EL UNIVERSAL muestra que el asesinato de prisioneros en cárceles del país ha crecido de manera exponencial desde diciembre de 2006. En 2007 murieron 80 reos; en 2008 perecieron 107; en 2009 fallecieron 140; en 2010 la cifra se elevó a 184. Y el asunto no para. Este año han muerto 100 prisioneros.
Los 615 reos que han perdido la vida en cárceles mexicanas entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 conforman un registro poco conocido de la guerra contra el crimen organizado. Los especialistas advierten que los cárteles también están ajustando cuentas en el interior de los penales.
La lucha entre bandas contrarias
Pero no sólo los reos han sido víctimas de esta disputa, también decenas de autoridades penitenciarias la han pagado caro. La revisión de noticias publicadas en diarios nacionales realizada por este diario muestra que de diciembre de 2006 a mayo de 2011 han sido asesinados nueve directores de penales, así como 76 jefes de seguridad, custodios y personal administrativo. En ese mismo periodo se fugaron 737 reclusos de las cárceles del país.
Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asegura que el hacinamiento y la corrupción de administrativos y custodios forman un caldo de cultivo que ha detonado en el incremento de la violencia en los Centros de Readaptación Social (Ceresos).
Por inexperiencia, falta de recursos o corrupción, en un mismo espacio son recluidos reos de cárteles contrarios, lo que desencadena “la violencia extrema” y genera “casos lamentables como los de Durango, Tamaulipas y Sinaloa, con un número importante de fallecidos”. “El problema es grave”, reitera.
La muerte de 29 presos en una cárcel de Sinaloa dejó una negra experiencia de encerrar reos de grupos delictivos antagónicos en un mismo espacio.
El 14 de junio de 2010, en el penal de Mazatlán, Sinaloa, 29 presuntos zetas fueron acribillados por supuestos leales a Joaquín El Chapo Guzmán. Días antes, Rolando Omar Pimentel, jefe del grupo delictivo exterminado, “imploró” a la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que los sacaran del territorio de “los chapos”, porque temían que los mataran. Su demanda no fue escuchada y en un ataque simultáneo en cuatro módulos, fueron asesinados 29 hombres; 18 a balazos y 11 con arma blanca.
El entonces gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, culpó al gobierno federal del exterminio, y recalcó que el estado no contaba con recursos ni personal para la reclusión de reos federales. El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que sí hay responsabilidad de la autoridad estatal en las masacres, y los recursos destinados a la prevención del delito no son debidamente ejercidos.
Los directores, también
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 murieron un coordinador estatal penitenciario, ocho directores de cárceles y 76 jefes de seguridad, custodios y personal administrativo. El principal motivo por el que fueron asesinados es la venganza de reos.
El coordinador operativo de Centros Penitenciarios de Chihuahua, Gerardo Ortiz Arellano, fue ejecutado en noviembre de 2010, luego de entregar 62 prisioneros al gobierno federal.
El veracruzano Ortiz Arellano llegó a Chihuahua en 2007, recomendado por el gobierno federal en el marco de los acuerdos por el Operativo Conjunto, para hacerse cargo del penal de Ciudad Juárez. A principios de noviembre de 2010 fue nombrado director operativo de los penales del estado. El día 10 encabezó un operativo de traslado de reos a Centros Federales de Readaptación Social y, cuatro días después, fue asesinado junto con su hijo Jesús Gerardo Ortiz Domínguez, de 29 años. El primer homicidio de un director carcelario ocurrió el 25 de julio de 2008. Salvador Barreno, encargado del penal de Ciudad Juárez, y su escolta fueron atacados con unos 60 disparos.
En 2010, además del coordinador de penales en Chihuahua, tres directores de cárceles municipales perdieron la vida. El 13 de mayo fue asesinado Abelardo Castro Camacho, director del penal de Navolato, Sinaloa; 13 días después, un comando levantó a Luis Navarro Castañeda, administrador de la cárcel en Atlacholoaya, Morelos. El 30 de mayo, Daniel Bravo Mota, director del penal de Iguala, Guerrero, apareció muerto en el fondo de un pozo.
La violencia no da tregua y en los primeros cinco meses de 2011 suman tres las víctimas. Erasto Ortiz Valencia, director interino del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, murió rafagueado al salir de su residencia; Marco Muñoz Rodríguez, director la Unidad de Bajo Riesgo de la Penitenciaría Estatal de Chihuahua, fue asesinado el 14 de enero y, un mes después, Rebeca Nicasio Vázquez, directora interina del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, fue acuchillada por un reo, cuando realizaba un recorrido en el interior del penal.
La fuga de reos, imparable
El conteo realizado por EL UNIVERSAL también muestra que entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 se fugaron de cárceles mexicanas 737 reos. Tamaulipas ocupa el primer lugar en número de evadidos con 396, el 66% del total.
En diciembre de 2006 escaparon 17 presos de la cárcel municipal de Cancún; en todo el 2007, 50 reos se fugaron de penales del país; en 2008, fueron 70; un año después, la cifra aumentó 100% al escapar 146; en 2010, fueron 396 y, en lo que va de 2011, 58 reclusos han evadido los barrotes.
Los especialistas en el tema aseguran que el hacinamiento, la violencia y la corrupción en las prisiones mexicanas es un caldo de cultivo que ha existido desde hace décadas, pero enfatizan que el problema se ha recrudecido de manera alarmante desde que inició, en 2006, la guerra frontal contra los cárteles de las drogas.
La mañana del 8 de diciembre de 2006 se gestó el primer motín del sexenio del presidente Felipe Calderón. Era la primera señal de un sistema penitenciario que, en los años por venir, sería devorado por la violencia, el hacinamiento y la corrupción.
Todo comenzó cuando los custodios se preparaban para trasladar a El Padrino, un reo sentenciado a 17 años de prisión por el delito de violación de menores, de la cárcel municipal de Cancún, Quintana Roo, a una prisión estatal. El hecho desató la ira de las huestes de Adelaido Hernández Gallegos, El Padrino, quienes iniciaron una airada protesta a las 7 de la mañana. A ello le siguió una trifulca en la que se vieron envueltos 300 reos. Al filo de las 15:00 horas intervino la policía estatal, pero el daño ya estaba hecho: cuatro muertos por armas de fuego, 21 heridos y 80 prófugos (horas más tarde serían reaprehendidos 63 reos).
El impacto mediático del motín y la guerra de cifras sobre el número de prófugos orillaron al entonces gobernador Félix González Canto a justificar la debilidad de la seguridad en la cárcel municipal. Atribuyó el disturbio al hacinamiento, pues el penal fue construido para 320 reos y albergaba a más de mil; insistió en la urgencia de reubicar a los sentenciados de alta peligrosidad y a los que purgan condenas por delitos del fuero federal.
Los cuatro muertos de la cárcel municipal de Cancún fueron el presagio de una ola incontenible de violencia que cubriría a los penales del país en los siguientes años. Una revisión hemerográfica realizada por EL UNIVERSAL muestra que el asesinato de prisioneros en cárceles del país ha crecido de manera exponencial desde diciembre de 2006. En 2007 murieron 80 reos; en 2008 perecieron 107; en 2009 fallecieron 140; en 2010 la cifra se elevó a 184. Y el asunto no para. Este año han muerto 100 prisioneros.
Los 615 reos que han perdido la vida en cárceles mexicanas entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 conforman un registro poco conocido de la guerra contra el crimen organizado. Los especialistas advierten que los cárteles también están ajustando cuentas en el interior de los penales.
La lucha entre bandas contrarias
Pero no sólo los reos han sido víctimas de esta disputa, también decenas de autoridades penitenciarias la han pagado caro. La revisión de noticias publicadas en diarios nacionales realizada por este diario muestra que de diciembre de 2006 a mayo de 2011 han sido asesinados nueve directores de penales, así como 76 jefes de seguridad, custodios y personal administrativo. En ese mismo periodo se fugaron 737 reclusos de las cárceles del país.
Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asegura que el hacinamiento y la corrupción de administrativos y custodios forman un caldo de cultivo que ha detonado en el incremento de la violencia en los Centros de Readaptación Social (Ceresos).
Por inexperiencia, falta de recursos o corrupción, en un mismo espacio son recluidos reos de cárteles contrarios, lo que desencadena “la violencia extrema” y genera “casos lamentables como los de Durango, Tamaulipas y Sinaloa, con un número importante de fallecidos”. “El problema es grave”, reitera.
La muerte de 29 presos en una cárcel de Sinaloa dejó una negra experiencia de encerrar reos de grupos delictivos antagónicos en un mismo espacio.
El 14 de junio de 2010, en el penal de Mazatlán, Sinaloa, 29 presuntos zetas fueron acribillados por supuestos leales a Joaquín El Chapo Guzmán. Días antes, Rolando Omar Pimentel, jefe del grupo delictivo exterminado, “imploró” a la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que los sacaran del territorio de “los chapos”, porque temían que los mataran. Su demanda no fue escuchada y en un ataque simultáneo en cuatro módulos, fueron asesinados 29 hombres; 18 a balazos y 11 con arma blanca.
El entonces gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, culpó al gobierno federal del exterminio, y recalcó que el estado no contaba con recursos ni personal para la reclusión de reos federales. El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que sí hay responsabilidad de la autoridad estatal en las masacres, y los recursos destinados a la prevención del delito no son debidamente ejercidos.
Los directores, también
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 murieron un coordinador estatal penitenciario, ocho directores de cárceles y 76 jefes de seguridad, custodios y personal administrativo. El principal motivo por el que fueron asesinados es la venganza de reos.
El coordinador operativo de Centros Penitenciarios de Chihuahua, Gerardo Ortiz Arellano, fue ejecutado en noviembre de 2010, luego de entregar 62 prisioneros al gobierno federal.
El veracruzano Ortiz Arellano llegó a Chihuahua en 2007, recomendado por el gobierno federal en el marco de los acuerdos por el Operativo Conjunto, para hacerse cargo del penal de Ciudad Juárez. A principios de noviembre de 2010 fue nombrado director operativo de los penales del estado. El día 10 encabezó un operativo de traslado de reos a Centros Federales de Readaptación Social y, cuatro días después, fue asesinado junto con su hijo Jesús Gerardo Ortiz Domínguez, de 29 años. El primer homicidio de un director carcelario ocurrió el 25 de julio de 2008. Salvador Barreno, encargado del penal de Ciudad Juárez, y su escolta fueron atacados con unos 60 disparos.
En 2010, además del coordinador de penales en Chihuahua, tres directores de cárceles municipales perdieron la vida. El 13 de mayo fue asesinado Abelardo Castro Camacho, director del penal de Navolato, Sinaloa; 13 días después, un comando levantó a Luis Navarro Castañeda, administrador de la cárcel en Atlacholoaya, Morelos. El 30 de mayo, Daniel Bravo Mota, director del penal de Iguala, Guerrero, apareció muerto en el fondo de un pozo.
La violencia no da tregua y en los primeros cinco meses de 2011 suman tres las víctimas. Erasto Ortiz Valencia, director interino del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, murió rafagueado al salir de su residencia; Marco Muñoz Rodríguez, director la Unidad de Bajo Riesgo de la Penitenciaría Estatal de Chihuahua, fue asesinado el 14 de enero y, un mes después, Rebeca Nicasio Vázquez, directora interina del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, fue acuchillada por un reo, cuando realizaba un recorrido en el interior del penal.
La fuga de reos, imparable
El conteo realizado por EL UNIVERSAL también muestra que entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 se fugaron de cárceles mexicanas 737 reos. Tamaulipas ocupa el primer lugar en número de evadidos con 396, el 66% del total.
En diciembre de 2006 escaparon 17 presos de la cárcel municipal de Cancún; en todo el 2007, 50 reos se fugaron de penales del país; en 2008, fueron 70; un año después, la cifra aumentó 100% al escapar 146; en 2010, fueron 396 y, en lo que va de 2011, 58 reclusos han evadido los barrotes.
Los especialistas en el tema aseguran que el hacinamiento, la violencia y la corrupción en las prisiones mexicanas es un caldo de cultivo que ha existido desde hace décadas, pero enfatizan que el problema se ha recrudecido de manera alarmante desde que inició, en 2006, la guerra frontal contra los cárteles de las drogas.
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